Dr. Ángel Durán Pérez
A donde quiera que vayas, ya sea oficina pública federal o estatal, cualquiera de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, su funcionamiento es una falla sistémica.
Esto se traduce en una ineficiencia del servicio público a la sociedad. Urge un cambio de sistema de operatividad, pero se necesita que el poder político lo impulse, debido a que solamente la unión y con el apoyo de la tecnología nos ayudará a acelerar ese cambio que necesitamos.
Y es que, si vas a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado o a la misma Fiscalía General de la República, a duras penas la reciben, pero ya no le dan continuidad, es un peregrinar dar tantas vueltas y no se avanza.
Por supuesto que mucho menos se refleja en una mejora de procuración de justicia, pronta y eficaz, como lo dice el artículo 17 constitucional.
La causa es que las fiscalías, no están intercomunicadas con sus departamentos de periciales, con sus investigadores, ya no se diga la carencia con la que están trabajando y la falta de recursos adecuados para que hagan su función.
Finalmente, el sistema de investigación del delito, se frena porque no hay una interconexión inter-operable de quienes debieran de estar y más ahora que tenemos tanta tecnología que podría servirnos.
Si acudes a presentar una demanda civil por divorcio y pensión alimenticia, te la reciben, luego la envían al juzgado que le corresponde, el secretario o secretaria la guarda, no avisa dentro de los plazos legales al juez y mucho menos acuerda las medidas cautelares urgentes solicitadas por las partes, violentando los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como también de mujeres en caso existir violencia.
Pasa el tiempo, vas y reclamas y es hasta en tanto, que hay posibilidades de que lo acuerden y lo den para adelante, pero luego se vuelve a estancar, ya que el tribunal no está interconectado en eficiencia con las policías que pudieron poner orden a quienes están violentando los derechos de la familia, tampoco con trabajo social, terapeutas o profesionales que ayudan a la mitigación de los problemas familiares ante los tribunales, menos aún con el sector laboral donde trabaja el deudor, donde pudieran ayudar de inmediato a la ejecución de resoluciones provisionales sobre pensión alimenticia, y ya no se diga cuando está cruzado con alguna denuncia penal, en este caso, no existe esa interrelación de colaboración entre autoridades para hacer efectivos los órganos judiciales que favorezcan al otorgamiento de medidas cautelares para la familia. O sea, cada institución trabaja de manera aislada y eso impide que se administre justicia eficazmente como lo dice la Constitución y la ley.
Si presentas una iniciativa de ley, te la reciben en la oficialía de partes del propio Congreso, no sabes cuando la turnan a la comisión que le corresponde y ahí duerme los sueños de los justos, aunque la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que hay un plazo para que la puedan trabajar y dictaminar o incluso, cuando el que la presente es un particular, aunque sea interesante la petición legislativa, si a nadie le conviene políticamente, la petición queda en la congeladora, si por alguna razón la aceptan o proviene de una institución que tiene facultades de iniciativa de ley, las comisiones, principalmente las que pertenecen al grupo político mayoritario del órgano legislativo, no la distribuyen entre todas las y los legisladores, ni buscan generar condiciones para tener una mayoría de votación y bajo ese parámetro empiezan a trabajar, no respetando el debate parlamentario y menos incluyendo a la sociedad en la recepción de su opinión para hacer un mejor trabajo legislativo, pero tampoco se usa la tecnología o software para una mayor intercomunicación entre los operadores legislativos lo cual genera una falla de productividad e ineficiencia legislativa.
Aquí, sólo por mencionar, tres ejemplos de la falta de interoperabilidad disfuncional en la que está sumida la ineficiencia sistémica del poder público.
Necesitamos darnos cuenta que la tecnología, nos podría ayudar enormemente para salir de este bache y que en cuanto la autoridad reciba una petición de protección de un derecho constitucional, (alimentos por ejemplo) inmediatamente se eche andar el sistema institucional y que mediante el uso de la tecnología, todos los que por alguna razón legal tengan que conocerla, esté a su alcance esa información; esto es, si es una demanda civil como ya lo hemos mencionado, desde el momento en que la reciben en la oficialía de partes, en ese momento se le asigna un tribunal y de inmediato secretarios y jueces se darán cuenta que les llegará esa petición, así como si traen medidas cautelares o solicitudes urgentes, las autoridades competentes deberán tomar conocimiento y resolver de inmediato, los jueces deberán estar al pendiente de que este tipo de justicia, es la que hoy necesitamos, pero asimismo cualquier otra autoridad en el ámbito público, debe trabajar eficazmente y dando un resultado pronto de lo que le están solicitando.
La interoperabilidad tiene que entrar a funcionar en el poder público y evitar el retardo en el otorgamiento del poder público en favor de la sociedad. La tecnología nos puede ayudar a generar esas condiciones, si lo hacemos, dejaremos atrás la ineficiencia del servicio público.
No hay duda que el problema lo tenemos y que no lo podemos resolver en lo individual, necesitamos celebrar un pacto nacional para lograr el cambio, pero el poder político debe impulsarlo.