No todo es subcontratación
Dr. Silvino Vergara Nava
«Se ha sacrificado a la justicia en aras del
equilibrio social y, a fin de cuentas, el
resultado es que ni justicia ni equilibrio
social sino manipulación del Derecho».
Alejandro Nieto García
Con la pésima reforma a diversas leyes publicada en el Diario Oficial de la Federación el día viernes 23 de abril de 2021, se ha presentado, en el ámbito de los negocios, de las empresas, de los empleos, sobre todo, en el de aquellas grandes corporaciones que, en México, controlan el mercado de algún producto en particular, es decir, de los monopolios, una serie de interpretaciones respecto de esa reforma deplorable. Incluso, hay criterios absurdos respecto de lo que se denomina comúnmente como «outsourcing» o, en español, subcontratación. Una reforma hecha para cumplir la tarea y los compromisos internaciones que tiene México, cuyo resultado es muy sencillo: ¡que cada quien haga lo que quiera!
Ahora parece que todo es subcontratación; lo cual está favoreciendo a las empresas monopólicas, que abundan en este país por el sistema que hay y, particularmente, gracias a la administración pública federal, que —dicho sea de paso— no ha hecho absolutamente nada por atemperarlas. En el caso de esta reforma, esas grandes empresas están exigiendo a sus proveedores (aunque sean proveedores de servicios profesionales o de suministro de materiales) que cumplan con los requisitos pedidos a las empresas que prestan servicios de subcontratación de persona, con la amenaza de que, si no cumplen con requisitos como solicitar un registro en la Secretaria del Trabajo, se terminará la relación comercial con los proveedores que incumplan.
Con esta posición, el control sobre los subcontratistas que incumplen con la ley estará en peores condiciones, ya que muchos proveedores de servicios o de suministro de materiales, que no tienen razón por la cual deban estar inscritos ante la Secretaria del Trabajo, aparecerán registrados y deberán cumplir con todos los restantes requisitos que marca la reforma a las leyes sobre la renta, el valor agregado, el seguro social, infonavit y el propio Código Fiscal de la Federación.
Además, esta reforma, supuestamente para evitar la subcontratación, no la evita; pues, desde su redacción, se presta para la confusión, al establecer en una de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que está prohibida la subcontratación y, luego, en el artículo siguiente, decir que está permitida, siempre y cuando sea especializada. Por lo que detalles como este, por muy simples que parezcan, en realidad, se vuelven complicaciones para la aplicación de las regulaciones en el día a día. A esto hay que añadir que los tribunales fijan el criterio oficial una vez que ya ha pasado una serie de visitas, inspecciones, multas, malas interpretaciones, etc. Por lo cual, es muy delicado aprobar las leyes al vapor, como sucedió con esta reforma, por la consecuencia que representa esa serie de incorrectas interpretaciones.
Lo cierto es que esta reforma es una clara secuencia del tipo de reformas fiscales y administrativas que sucedieron en la administración pública federal anterior, ya que es una reforma para agudizar la denominada «fiscalización horizontal»; la cual consiste en que no son las autoridades las que deben, en primera instancia, preocuparse por vigilar a los particulares para que cumplan con la ley y las obligaciones que a cada uno le corresponde, sino que (tal como está estructurada la reforma laboral, en este caso) son los propios particulares los que se fiscalizan mutuamente, sin que sea necesario que la autoridad administrativa o fiscal intervengan en primera instancia. Basta, como ocurre con esta reforma, que el cliente sea quien exija a sus proveedores que cumplan con las disposiciones legales, ya que el incumplimiento de éstos los perjudica. Así, por el temor de también ser afectados por causa imputable a un proveedor, hacen lo que legalmente no les corresponde. Esto ocasionará, a partir del primero de agosto de 2021 (cuando inicia la vigencia fiscal de esta reforma), una serie de problemas de empleo y de operación de las empresas; todo por unas reformas, de suyo, equivocadas. Pero parece que ese fue el objetivo principal: sembrar la desconfianza en las operaciones comerciales para que solamente subsista el que mejor pueda y, con ello, desafortunadamente, muchos quedaran en la quiebra.