Política de Atención Victimal: Lecciones aprendidas sobre el acceso a la justicia desde la reparación integral del daño más allá de una sentencia | Paréntesis Legal

Mayra Hernández

“La reparación integral del daño debe empezar desde el primer contacto con cualquier autoridad para recuperar
proyectos de vida.”

CINTHIA MARIN, TITULAR DE LA CEEAVNL

En mi colaboración para Paréntesis Legal, agradezco la oportunidad de escribir algunas reflexiones del trabajo diario con la Policía Metropolitana de Investigación y los grandes retos del sistema de justicia en México, particularmente la atención a víctimas. Inicio con una primera reflexión, cómo comprendemos el acceso a la justicia y la reparación integral del daño para recuperar proyectos de vida de millones de víctimas del delito.

En estas líneas, escribo sobre el trabajo extraordinario de los equipos interdisciplinarios de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León y el talento infinito e inalcanzable de asesores jurídicos, victimológicos, psicólogos y criminólogos de apoyo a la Policía Metropolitana de Investigación (PMI), a quienes, muy pocas veces se les visibiliza y reconoce su trabajo, pues trabajan desde lo más valioso que es el recurso y talento humano, con profunda vocación, empatía y en silencio porque pocos conocen sus historias sin importar la hora, el día y sin protagonismos juegan un rol fundamental en nuestro sistema de justicia para transformar las vidas de miles de víctimas, más allá de una denuncia, carpeta de investigación o sentencia.

En México, la ENVIPE 2022[1], estima que más de 22 millones han sido víctimas del delito, lo que representa una tasa de 24,207 víctimas por cada 100 mil habitantes, tan solo aquellas que alcanzamos a visibilizar ante los altos índices de cifra negra. Como caso de estudio, Nuevo León, se ubica en el top de estados con más víctimas del delito, feminicidios y personas desaparecidas y no localizadas (RNPDNO)[2], esto sin dejar de visibilizar a las víctimas directas e indirectas, como víctimas infinitas por hechos victimizantes y omisiones.

Ahora bien, sí en el 50.8% de las investigaciones no pasó nada, la reparación del daño es nula para las víctimas, pues es tan solo del 2% según la ENVIPE. Luego entonces, ¿cómo debe garantizarse el acceso a la justicia desde la reparación integral del daño bajo una perspectiva centrada en las víctimas más allá de una sentencia o la propia visión del gobernante o servidor público en turno?

Debe comprenderse que las cifras como estadística o datos públicos nos deben llevar a una profunda reflexión sobre el diseño de la política pública, especialmente la política criminal y de atención victimal. Es urgente cuestionarnos como instituciones de seguridad y justicia, sí realmente estamos escuchando a las víctimas que son un reclamo de nuestra sociedad y a la vez, son un llamado a la coordinación interinstitucional de nuestro sistema de justicia para articular y gestionar procesos orientados a una efectiva toma de decisiones centrada en brindarle respuestas a las víctimas más allá de una sentencia o un monto económico, pues es obligado responderles: ¿Cómo se repara de forma integral el daño y se reconstruye el plan de vida de víctimas de feminicidio, homicidio o personas desaparecidas?

Para ello, es inaplazable para cualquier institución de seguridad y justicia, con énfasis en los gobernantes en turno y los servidores públicos,  preocuparse y ocuparse por dejar un legado para la sociedad, que es, responder a las demandas y necesidades de las víctimas, lo cual conlleva a la implementación de una visión de estado sobre la política criminal para que el Plan de Persecución Penal, así como el sistema de justicia desde la procuración e impartición de justicia se articulen con la “Política de Atención Victimal”, pues deben comprenderse los procesos y problemas sociales bajo un enfoque de prevención victimal más allá de la prevención criminal o el proceso penal en sí mismo, identificando las necesidades y derechos de las víctimas.

Para hacer posible esta política pública centrada en las víctimas, reconozco el esfuerzo extraordinario liderado por la CEEAV Nuevo León con la asistencia técnica del programa JAVA-USAID[3], con quienes y en coordinación con las instituciones de seguridad y justicia, y organizaciones de la sociedad civil hemos aprendido a escuchar, comprender y atender las necesidades de las víctimas del delito más allá de “ofrecerles una sentencia”, pues la Política de Atención Victimal, es sin duda, el primer paso para hacer posible y sostenible una política institucional enfocada en brindar una atención eficiente a las víctimas para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño de acuerdo a sus necesidades y en respuesta a los hechos que generan un mayor impacto en la sociedad.

La Política de Atención Victimal impulsada por la CEEAV Nuevo León, se centra en la atención integral a víctimas del delito y la transformación de nuestro sistema de justicia más allá de la visión punitiva, lo cual exige un trabajo conjunto y coordinado, sin protagonismos y con una visión transexenal para sumar con un solo propósito la debida diligencia para:

  • La respuesta eficiente con el mejor uso de los recursos, especialmente el recurso-talento humano y el fortalecimiento institucional de la CEEAVNL.
  • La atención diferenciada a conductas de mayor relevancia social.
  • La reparación integral del daño y recuperación del proyecto de vida.
  • La consolidación de procesos de coordinación interinstitucional.

Con este plan de atención victimal, la CEEAVNL y las instituciones de seguridad y justicia deben impulsar una agenda común para:

  • Que los casos de violencia contra mujeres y niñas estén enfocados en romper los ciclos de violencia, especialmente la violencia feminicida.
  • Enfocar los esfuerzos para que las víctimas directas e indirectas de delitos que constituyen una violación grave a los derechos humanos puedan recuperar su proyecto de vida.
  • Garantizar la reparación integral del daño para las víctimas indirectas en casos de privación de la vida.
  • Consolidar el proceso penal como una forma de reparación y acceso a la justicia en los casos de mayor impacto social.

Concluyo compartiendo las lecciones aprendidas con la PMI y la CEEAVNL para visibilizar historias y proyectos de vida desde los procesos de investigación, atención y protección a víctimas de violencia feminicida, especialmente víctimas reincidentes de violencia familiar y feminicidio en grado de tentativa, pues no ha sido suficiente “ofrecerles a las víctimas” una sentencia condenatoria, pues es urgente y necesario articular la Política de Atención Victimal.

El mayor aprendizaje para la policía y cualquier institución de seguridad y justicia en México es el deber de salvar y transformar vidas, y en palabras generosas de una servidora pública excepcional como Cinthia Marín, Titular de la CEEAVNL, la reparación del daño debe empezar desde el primer contacto con cualquier autoridad para recuperar proyectos de vida.

Para conocer más de la “Política de Atención Victimal de la CEEAVNL”, contacto: ceeavnl@nuevoleon.gob.mx

[1] INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2022); para consulta en: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2022/

[2] SEGOB. Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); para consulta en: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/

[3] Programa de Acceso a la Justicia para Víctimas y Acusados (JAVA) de USAID.