Brenda Xiomari Magaña Díaz
La reciente reforma a la Ley General de Salud (LGS) prohíbe la comercialización de vapeadores y dispositivos de administración de nicotina. Si bien el Pleno de la Cámara de Diputados corrigió el dictamen original para eliminar la criminalización del consumo y la posesión, la política adoptada deja al descubierto una contradicción evidente: se prohíbe el comercio de vapeadores, pero se mantiene legal —aunque regulado— el cigarro comercial, un producto cuyo daño sanitario se conoce desde hace décadas. Además, la reforma sigue enfocándose únicamente en la dimensión física del problema, sin atender su raíz emocional: la ansiedad, la autorregulación afectiva y la falta de políticas públicas de salud mental. El resultado es una medida incompleta, que genera tensiones constitucionales y deja sin atender la complejidad social del consumo.
Aunque la discusión pública se haya centrado en los vapeadores, la reforma incluye modificaciones a la contratación de medicamentos, salud digital y control de estupefacientes. Aun así, el tema más controvertido sigue siendo la prohibición comercial de estos dispositivos. La versión original del dictamen incluso criminalizaba la posesión y el consumo; fue necesaria una reserva en el Pleno para evitar violaciones a la jurisprudencia constitucional, particularmente a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre cannabis y libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, la corrección no resuelve la pregunta de fondo: ¿es proporcional prohibir totalmente la venta de vapeadores?
La comparación inevitable es con el cigarro industrial. Su peligrosidad está sobradamente documentada: contiene miles de sustancias tóxicas, más de 70 de ellas carcinogénicas, y provoca enfermedades mortales. Aun así, permanece legal. Si el objetivo es proteger la salud, resulta difícil justificar por qué un producto de daño probado sigue en el mercado mientras otros, con riesgos distintos y aún en estudio, se prohíben por completo. Esa disparidad debilita la lógica sanitaria y podría considerarse arbitraria en términos del artículo 16 constitucional, que exige que las medidas restrictivas sean coherentes, razonadas y proporcionales.
Más allá del diseño legal, hay una dimensión humana que la normativa pasa por alto. Vapear no es solo un acto químico. Para muchas personas, es un mecanismo inmediato para manejar ansiedad, tristeza, enojo o estrés. Por eso, vale la pena hacerse preguntas que rara vez entran en el debate legislativo:
- ¿Qué buscamos sentir cuando vapeamos?
- ¿Qué emociones intentamos apagar?
- ¿Qué vacío estamos tratando de llenar?
La ansiedad no desaparece porque se prohíba un dispositivo. Mientras la raíz emocional siga intacta, la conducta migrará hacia otros productos, legales o clandestinos. La evidencia psicológica coincide en que la adicción funciona como un mecanismo de regulación emocional ante necesidades no atendidas. Pero en México, la inversión en salud mental es mínima, el acceso a terapia es limitado y no existen programas masivos de educación emocional. En ese contexto, prohibir el vapeo sin fortalecer la salud mental es un paliativo: cambia el objeto de consumo, pero no la necesidad que lo origina.
Esta discusión también invita a reflexionar sobre la relación histórica con el tabaco. Mucho antes de la industrialización, el tabaco era —y en muchas comunidades sigue siendo— una planta sagrada, utilizada con fines espirituales. Su uso tenía y tiene intención, límites y un profundo significado ritualistico. Lo dañino no es la planta en sí, sino la versión desnaturalizada que la industria convirtió en un producto adictivo y que ha hecho que olvidemos por completo la forma de relacionarnos con el tabaco para hacer uso de su medicina.
El vapeo, lejos de acercarnos a esa relación, nos aleja todavía más. Pero tampoco el cigarro comercial recupera ese sentido; ambos responden a una desconexión más profunda con las prácticas tradicionales y con las emociones que buscamos regular.
Así que, si realmente buscamos reducir daños, no basta con prohibir la venta de vapeadores. Se necesita una política que reconozca la complejidad del fenómeno: coherencia regulatoria, acceso efectivo a salud mental, educación emocional y una comprensión más profunda del papel histórico y ritual de las plantas en nuestra cultura.