Sergio A. Villa
“¿Por qué nos preocupamos proactivamente de las máquinas contratando antivirus, arreglándolas, generando escudos de seguridad y no hacemos lo mismo con las personas?”[1]
En 2019 se dio a conocer un importante estudio impulsado por Lefebvre y por el Instituto Mental de la Abogacía llamado “Estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española”[2]. Este estudio tuvo por objetivo evaluar la interacción de las personas que se dedican a la abogacía con sus entornos de trabajo, con la finalidad de determinar en qué modo esto tiene un impacto en su vida personal, salud mental y desarrollo profesional[3]. El estudio se realizó a partir del análisis de 3 grandes bloques: ámbito laboral; salud y bienestar, y satisfacción con la carrera profesional. A dicho de sus autores, con la elaboración de ese estudio buscaban sensibilizar sobre la situación que se vive en el gremio jurídico, con la finalidad de establecer mecánicas que permitan avanzar en el cuidado de quienes son un importante componente para aspirar a sociedades más justas. La forma en la cual se obtuvieron los datos del estudio, fue a partir de una breve encuesta y una parte experiencial, que consistió en recoger la actividad real de abogados y abogadas en un proyecto de legaltech con base en datos biométricos que fueron monitoreados gracias a unas pulseras inteligentes que midieron la actividad de forma personalizada durante un mes. Los resultados del estudio reflejan que las y los abogados, se enfrentan a mucho estrés, así como a problemas de sobrepeso, sedentarismo e insomnio, que se relacionan en un alto grado con el ejercicio de la profesión. Particularmente, resulta ser alto el grado de insatisfacción generalizada respecto de la calidad de vida que propicia la competencia y exigencias propias de los grandes despachos. Asimismo, los resultados reflejan que las personas encuestadas señalan que la calidad del sueño se ve afectada, de algún modo, por el trabajo. También los encuestados manifestaron que el trabajo tenía un impacto considerable en la posibilidad de seguir una dieta adecuada o poder llevar a cabo de manera habitual ejercicio. Visto de ese modo, los resultados coinciden significativamente con las exigencias propias de la profesión, entre las que se encuentran: jornadas extenuantes de trabajo; la presión por conseguir resultados siempre positivos en la proyección de la defensa en los casos; cumplir con plazos que en cierta medida resultan ser inconsistentes con la capacidad humana, y que suponen sacrificar los días de descanso y la media de sueño; lidiar con el trato de los compañeros y superiores que en muchas ocasiones es negativo pues se ve igualmente influenciado por todas esas condiciones que afectan la salud mental; una constante competencia que busca privilegiar la rapidez en la ejecución y deja por un lado el talento; estar en completa disposición, en cualquier momento del día, de la semana y del año para reaccionar frente a complicaciones, entre otros.
Con la misma dinámica del estudio anterior, podemos encontrar ejemplos en Brasil[4], Estados Unidos[5], esfuerzos globales como el realizado por la International Bar Association[6], en fin, lo que destaca es que todos ellos coinciden en que el ejercicio de la abogacía supone retos que trascienden de lo propiamente profesional, y que desempeñarse en esta profesión está teniendo efectos negativos en cuestiones que se relacionan de manera directa con la salud mental, siendo pertinente recordar que la Organización Mundial de la Salud la ha definido como “un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a sus comunidades”[7]. De modo que el entorno profesional jurídico es un tremendo caldo de cultivo para este tipo de afectaciones.
¿Cuál es el sentido de identificar todo esto?
Nos desenvolvemos en una carrera maravillosa, pero pareciera que las condiciones de ese entorno se están moldeando para que el ejercicio profesional consuma nuestro desarrollo individual y nuestra forma de interactuar con nuestros amigos, familias y sociedad. Y tenemos que reconocer que esto es un problema, y que son muchos los factores y agentes que lo mantienen. Entre los principales motivos se encuentra la poca reflexión y crítica que tenemos sobre las condiciones de trabajo; el temor de las consecuencias profesionales que puedan desencadenarse al exteriorizarlo; la vergüenza o el miedo a sentirse incompetentes frente a otros, solo por mencionar algunas. Resulta hasta paradójico que en el gremio jurídico, en donde discutimos sobre la ley y los derechos de nuestros clientes, sea tan complicado hablar de los derechos propios. Recordemos que el trabajo es un derecho humano con reconocimiento y protección constitucional, y también por diversos tratados internacionales. El trabajo, como derecho y deber social, “otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse, en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”[8]. De manera un poco mas profunda, como parte integrante del derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, se encuentra “la prevención de accidentes y enfermedades profesionales” como medio para garantizar la salud del trabajador”[9], es decir, claramente el derecho al trabajo interactúa con la salud, de tal suerte que contextos como aquel que se vive en el ejercicio de la abogacía, son, se insiste, propicios para que los derechos se vean comprometidos. Entonces, insistir en que tenemos un problema con estos vértices, es esencial para el bienestar de los profesionales, la calidad del trabajo legal, la ética y la responsabilidad profesional, la retención de talento y la promoción de entornos de trabajo saludables. Reconocer este problema es el primer paso hacia la mejora y el cambio positivo en la profesión legal. Sobre todo, enfoquemos esto en el hecho de que el impacto negativo se manifiesta en la calidad del trabajo y en la ética legal, lo que implica que el beneficio tendría también trascendencia social.
¿Vamos en el camino correcto?
Como lo comentaba anteriormente, diversos son los factores y muchos los agentes involucrados en todo esto. Principalmente tenemos que identificar a las autoridades, pues en ellas recae la responsabilidad de crear normas y sentar políticas públicas que puedan identificar y mitigar los efectos nocivos de este problema[10]. La existencia de una ley general de salud y normas oficiales que abordan el tema, es algo que debe valorarse muy positivamente, pero no es suficiente, pues se debe buscar que todo eso pueda tener un impacto real en los entornos laborales, y la forma de lograrlo es partir de las tareas de supervisión y fiscalización. Lo anterior lo enfoco en lo que resolvió la Corte Interamericana en el caso de los Buzos Miskitos, ya que estableció con contundencia, que para garantizar condiciones justas y equitativas de trabajo, se debe procurar que exista una regulación adecuada sobre las condiciones de trabajo, al tiempo de que se realicen tareas de supervisión y fiscalización. En ese caso, se consideró que el Estado Hondureño vulneró los derechos a la vida, a la vida digna, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igual protección de la ley, a la protección judicial, a la salud, al trabajo y sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias, a la seguridad social, y a la igualdad y no discriminación, por permitir que una empresa privada operara de modo que se pusieran en peligro tales derechos, es decir, por incumplir con el deber de supervisión y fiscalización.
Además de las autoridades, las barras también juegan un rol muy importante en todo esto. Recientemente consulté con una de las mas importantes de nuestro país, para saber si existe alguna comisión especial o grupo de trabajo al interior que se encargue de analizar este fenómeno o de hacer foros para tratarlo, y al parecer no lo hay. También consulté si existía alguna especie de guía, análisis o manual elaborado sobre estos temas, y se me indicó que no se tenía nada al respecto. Entonces considero que por ese camino, vamos muy cortos.
Ahora, hablemos de los despachos o firmas. Ya sea que sean de gran relevancia o más pequeños, tengan múltiples sedes o solo una, sus socios tengan apellidos europeos, sean o no “big four”, sin importar la materia que litiguen, todos y cada uno de ellos deben establecer prácticas compatibles con el derecho a trabajar en un entorno que promueva condiciones justas y equitativas, sin excusa alguna. En este aspecto, considero que si estamos precisamente hablando del fenómeno es porque no se está atendiendo adecuadamente en los centros de trabajo. Pocos ejemplos hay de estudios sobre la materia en México, pero para apreciar el punto podríamos citar por vía de ejemplo el estudio que realizó Abogadas MX[11] enfocado de manera particular en la situación de nuestras colegas, cuyas encuestas arrojaron que un promedio de 43.6% de las abogadas consideran que las políticas internas de los despachos no les permiten mantener un equilibrio entre su vida laboral y personal y 68.3% consideran que en sus despachos no hay programas de balance de vida y trabajo[12]. Este es el entorno más inmediato, y en el que la intensidad de la falta de atención al problema se manifiesta en la vida de las y los abogados. Poca o nula atención a la seguridad social del trabajador; la falta de políticas de conciliación; un ambiente de opacidad al tratarse de empresas privadas, y varios etcéteras son los que atraviesan este camino.
No me atrevo a decir que vamos mal, pero claramente hace falta camino por recorrer.
¿Qué haría falta por hacer?
Un primer paso sería que se genere un trabajo coordinado entre las barras, Universidades, instituciones de salud mental y autoridades, para que, del mismo modo en que se ha realizado en otros países, se impulse una profunda evaluación del problema no solo para verificar su gravedad (en México) sino para generar canales de comunicación a fin de que se intensifique la actualización de normas y políticas públicas que atiendan este fenómeno de forma especial en el ámbito jurídico. Conformar el primer informe general sobre salud mental y abogacía en México, recogiendo todas las experiencias de los estudios previos y aplicando las nuevas tecnologías para sentar una evaluación objetiva, sería una buena forma de comenzar con estos trabajos coordinados. Por su parte, las autoridades necesitan implementar sólidos sistemas de supervisión y fiscalización si lo que se busca es que las disposiciones generales que existen hasta el momento tengan un efecto real. Lo anterior traería consecuencias en las firmas, que recordemos son el punto de contacto. Ahora, cualquier firma que busque tomar cartas en el asunto, debería proveer como parte de las prerrogativas regulares para sus trabajadores atención psicológica y psiquiátrica; promover políticas de desconexión digital; establecer dinámicas de conciliación; incorporar todo tipo de manuales de trabajo que generen una distribución equitativa del trabajo; generar o bien, modificar las condiciones generales del servicio, para que los clientes comprendan en que momentos es pertinente solicitar consultas a sus abogados, crear un sistema de sanciones para casos en los que superiores o los propios integrantes del entorno laboral afecten el desempeño del trabajo bajo las condiciones que hemos destacado, entre otras.
Finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que la principal motivación para escribir sobre esto ha sido una muy lamentable noticia sobre el infarto que recientemente sufrió un buen colega de profesión. Afortunadamente ha sido un sobreviviente, pero tras platicar con él, todo lo que señalé al inicio estaba dentro del contexto de su evento médico. Igualmente, en mi propia vida personal reconozco mucho de esto, y por eso le pregunto a Usted que me lee, ¿alguna vez ha sufrido taquicardias, problemas para respirar o insomnio derivado de alguna presión en el trabajo? ¿Ha sentido que un problema de trabajo desencadenó un problema en su entorno familiar?
Pues bien, tenemos que hablar de esto.
[1] Sara Molina Pérez-Tomé.
[2] El documento puede ser consultado en el siguiente enlace: https://estudiosaludabogacia.lefebvre.es/pdf/estudio-salud-bienestar-abogacia.pdf
[3] Brevemente hago de su conocimiento estimada o estimado lector, que este estudio me llamó la atención sobre los otros consultados, ya que se conformó tanto por encuestas como por monitoreo de datos biométricos a partir de una pulsera de medición. No trato de decir que la metodología sea mejor (porqué claramente no es esa mi competencia), pero el uso de la pulsera para llevar a cabo esas mediciones me parece que puede significar que los resultados son más profundos.
[4] “Presença de estresse e outros fatores de risco para doenças cardiovasculares em enfermeiros e advogados de um município de Minas Gerais – Brasil”, consultable en el siguiente enlace en su versión en portugués https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/72913/1/CultCuid_49_19.pdf
[5] “Reducing the stigma: the deadly effect of untreated mental illness and new strategies for changing outcomes in law students”, consultable en el siguiente enlace: https://open.mitchellhamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2895&context=wmlr
[6] El reporte titulado “Bienestar Mental En La Profesión Jurídica: Un Estudio Global”, puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.ibanet.org/document?id=IBA-report-Mental-Wellbeing-in-the-Legal-Profession-Spanish
[7] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
[8] Corte IDH, Caso de los Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) Vs. Honduras, sentencia de 31 de agosto de 2021, serie C No. 432, párrs. 68 y 85.
[9] Ídem, párr. 74.
[10] Caber aclarar que este problema no es exclusivo de la abogacía, y que los esfuerzos estatales para la atención de la salud mental tienen que expandirse a cualquier ámbito profesional y de trabajo, pero por obvias razones este documento se enfoca en lo concerniente a la abogacía.
[11] El estudio pueden descargarlo en el siguiente enlace: https://www.abogadasmx.org.mx/incidencia/
[12] Aquí me pe parece importante señalar que evaluar los impactos negativos de la falta de implementación de políticas que permitan impulsar condiciones justas y equitativas de trabajo, tiene un impacto diferenciado al enfocarse el fenómeno a la situación de nuestras colegas Abogadas.