Alejandro González Alburquerque

 

 

1.              Introducción

 

En los últimos años, el procedimiento de U.S. Chapter 11 se ha vuelto un tema recurrente en el ámbito empresarial, financiero y jurídico en México. Esto, debido a que empresas mexicanas tan grandes como Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y Crédito Real, S.A.B de C.V. han solicitado su declaración de insolvencia con base en dicha regulación, y no conforme a la Ley de Concursos Mercantiles mexicana.

 

Sin duda alguna, el U.S. Chapter 11 es uno de los procedimientos de insolvencia más eficaces y recurridos a nivel mundial. Sin embargo, en México, pocos conocen las razones del por qué este procedimiento goza de tal reputación y cuáles son las bondades o beneficios que proporciona a la empresa insolvente.

 

En este sentido, el presente artículo tiene como finalidad realizar una comparación entre las principales características del U.S. Chapter 11 y la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar cuál de estas regulaciones es más eficaz y eficiente para rehabilitar empresas en marcha (i.e. la reestructura de empresas insolventes que continúan con su operación ordinaria).

 

2.              Consideraciones generales sobre el procedimiento de Concurso Mercantil

 

El “Concurso Mercantil” es el único procedimiento de insolvencia comercial regulado en la legislación mexicana. Este procedimiento nació en el año 2000 con la promulgación de la Ley de Concursos Mercantiles, la cual, a diferencia de lo que comúnmente se cree, tiene como finalidad principal el conservar la empresa que se encuentra incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago.[1]

 

Es decir, el Concurso Mercantil no tiene como objetivo principal la liquidación o la quiebra del deudor, sino más bien, el lograr un acuerdo entre el deudor insolvente y sus acreedores que permita la conservación del negocio y el pago de las deudas. En este sentido, la quiebra del deudor insolvente es el remedio final: únicamente se actualiza cuando el deudor y los acreedores no logran llegar a un acuerdo en el plazo señalado por la Ley.

 

De acuerdo con lo anterior, la Ley de Concursos Mercantiles prevé que este procedimiento está compuesto de dos fases sucesivas: conciliación y quiebra.[2] Sin embargo, es importante resaltar que, en la práctica, existe una “fase” previa a la etapa de conciliación conocida comúnmente como “etapa pre-concursal” o “etapa de visita” o “etapa de declaración de concurso mercantil”.

 

Esta fase pre-concursal inicia con la admisión de la solicitud de concurso mercantil presentada por el propio deudor, o de la demanda promovida por acreedores, la Fiscalía General de la República o el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado.[3] Durante la etapa pre-concursal, las partes ofrecen pruebas y presentan alegatos respecto a si el deudor actualiza los supuestos de incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago previstos en la Ley.[4] Asimismo, el juez designa a un especialista conocido como “visitador” con la finalidad de que éste revise los libros contables de la empresa para verificar si el deudor se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago.

Si del dictamen del visitador y las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes se desprende que el comerciante se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones, el juez dicta sentencia de declaración de concurso mercantil, mediante la cual:[5] (i) declara al deudor en Concurso Mercantil; (ii) ordena el inicio de la etapa de conciliación; (iii) ordena al deudor publicar la sentencia de declaración de concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación con la finalidad de notificar a sus acreedores sobre el procedimiento de Concurso Mercantil; (iv) prohíbe a los acreedores embargar o ejecutar los bienes del deudor; y (v) declara la suspensión de pagos del deudor; entre otras determinaciones.

 

La etapa de conciliación tiene por objeto reestructurar y preservar la empresa mediante un convenio entre los acreedores y el deudor. En esta etapa, el juez concursal nombra a un “conciliador”, quien se encarga de supervisar las operaciones comerciales ordinarias de la empresa (seguimiento de juicios, obtención de créditos, pago de acreedores indispensables para la operación ordinaria de la empresa, entre otras actividades), elaborar la lista de acreedores y mediar entre los acreedores y el deudor para que puedan llegar a un acuerdo que permita la continuación de las operaciones de la empresa y un pago efectivo y justo a los acreedores.

 

Como mencioné anteriormente, si dentro del plazo señalado por la Ley, los acreedores y el deudor no llegan a un convenio concursal, el juez concursal ordena la apertura la etapa de quiebra. Esta etapa tiene como finalidad la enajenación de los activos de la empresa con la finalidad de pagar a los acreedores. Asimismo, en esta etapa el juez concursal nombra a un “síndico”, quien es el encargado de hacer efectivos los activos de la empresa y el pago a los acreedores.

 

3.              Comparación entre la Ley de Concursos Mercantiles y el U.S. Chapter 11

 

A continuación, realizaré un análisis comparativo de las disposiciones más importantes del U.S. Chapter 11 y de la Ley de Concursos Mercantiles para determinar cuál es regulación que fomenta de forma más efectiva la reestructura de empresas en marcha.

 

A.             Jurisdicción y competencia

 

El primer punto de comparación entre ambas regulaciones es la jurisdicción y competencia de los juzgados o cortes que conocen de los procedimientos de insolvencia. En Estados Unidos, los órganos jurisdiccionales que conocen de los procedimientos de insolvencia son especializados y de carácter federal, conocidos como Bankruptcy Courts.[6]

 

Los Bankruptcy Courts son funcionarios judiciales de los U.S. District Courts.[7] En otras palabras, la jurisdicción originaria y exclusiva de todos los procedimientos de insolvencia corresponde a los U.S. District Courts, quienes a su vez delegan la tramitación ordinaria del procedimiento a los Bankruptcy Courts.[8] En la práctica, los U.S. District Courts actúan como órgano revisor de las decisiones de los Bankruptcy Courts.

 

En Estados Unidos existen Bankruptcy Courts en cada uno de los circuitos federales.

 

Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que los jueces de distrito federales son los únicos órganos jurisdiccionales facultados para conocer de los procedimientos de concurso mercantil. Al respecto, es importante mencionar que el 4 de marzo de 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicó el Acuerdo General 4/2022, mediante el cual se ordenó la creación de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con competencia en todo el territorio nacional.[9]  En este sentido, a partir del año 2022, México también cuenta con juzgados especializados en insolvencia.

 

Sin duda alguna, la creación de los juzgados especializados en concurso mercantil es un avance sumamente importante para lograr una debida impartición de justicia en procedimientos de insolvencia en México. Sin embargo, la simple creación de estos juzgados no es suficiente, sino que también es necesario que los jueces y el personal que labora en los mismos tengan pleno conocimiento y estudio de la Ley de Concursos Mercantiles, los precedentes que derivan de la misma, así como nociones de contabilidad y finanzas. De esta forma, estos jueces especializados serán una herramienta sumamente útil para lograr los objetivos y principios reconocidos en el artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles.

 

Por otro lado, también es importante resaltar que los dos juzgados especializados en Concursos Mercantiles tienen competencia en todo el territorio mexicano. En este sentido, son los únicos órganos jurisdiccionales que conocen de procedimientos de concurso mercantil en México. Sin duda alguna, con el tiempo dos juzgados especializados no serán suficientes para tramitar todos los procedimientos de concurso mercantil que vayan presentándose, tomando en cuenta que este tipo de procesos tienden a ser tardados y sumamente laboriosos para el personal de los juzgados.

 

Tomando en cuenta lo anterior, considero que el U.S. Chapter 11 fomenta de forma más eficiente la reestructuración de las empresas en marcha, debido a que las cortes que intervienen en estos procedimientos son especializadas, conocen perfectamente las normas de insolvencia, y poseen amplia experiencia en la adopción de decisiones que protejan y fomenten las operaciones ordinarias de la empresa.

 

B.             La presentación de una solicitud de insolvencia voluntaria

 

El U.S. Chapter 11 permite a los deudores y acreedores[10] presentar solicitudes de insolvencia. Cuando el deudor presenta su propia solicitud de insolvencia, se conoce como voluntary petition (petición voluntaria). Por otro lado, si son los acreedores quienes presentan una demanda de insolvencia en contra de un deudor, se conoce como involuntary petition (petición involuntaria o forzada).

 

Con la presentación de una voluntary petition, la solicitud de insolvencia se tiene automáticamente por admitida por el Bankruptcy Court, y como consecuencia, desde ese momento la empresa está oficialmente declarada en bankruptcy.[11]En otras palabras, el U.S. Chapter 11 no exige que antes de admitir la petición de insolvencia, el Bankruptcy Court tenga que analizar los documentos exhibidos junto con la petición para verificar si la empresa está realmente insolvente.[12]

 

La política detrás de esta disposición consiste en que el legislador norteamericano consideró que pocas empresas intentarían presentar una solicitud de insolvencia voluntaria cuando no la necesitan, tomando en consideración las graves repercusiones de un procedimiento de U.S. Chapter 11.[13]

 

En México no existe tal declaración automática de concurso mercantil.

 

El artículo 20 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que la solicitud de Concurso Mercantil debe presentarse en los formatos publicados por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles (“IFECOM”), exhibiendo los siguientes documentos: estados financieros de la empresa de los últimos tres años, una narrativa explicando las causas del incumplimiento generalizado de sus obligaciones, la relación de acreedores y deudores, el inventario de bienes, la relación de procedimientos judiciales y administrativos de la empresa, el acta de asamblea de accionistas en la que se apruebe que la empresa solicite su declaración de concurso mercantil, una propuesta de convenio concursal preliminar, entre otros documentos.[14]

 

Por su parte, el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que el juez concursal revisará que toda esta información y documentación se haya adjuntado a la petición de concurso mercantil y se encuentre completa. En caso de que la petición sea obscura o irregular, el juez debe desechar la petición. En la práctica, esta disposición representa el obstáculo más importante de la Ley de Concursos Mercantiles para preservar y conservar la viabilidad de empresas en marcha.

 

De acuerdo con el IFECOM,[15] antes de la creación de los Juzgados Especializados en Materia de Concursos Mercantiles (2022), más del 90% de las solicitudes de concurso mercantil eran desechadas por los juzgados de distrito, argumentado la inexactitud de la información y documentación presentadas. Tomando en cuenta la urgencia que implica la presentación de una solicitud de concurso mercantil, el desechamiento de la misma pone en grave riesgo la viabilidad de la empresa insolvente y de sus acreedores.

 

En virtud de lo anterior, considero que el U.S. Chapter 11, al prever que una empresa es declarada oficialmente en insolvencia desde el momento de la presentación de la solicitud ante el Bankruptcy Court, brinda mayor protección a las empresas en marcha, ya que les permite beneficiarse de forma inmediata del Stay y de la creación del Estate, impidiendo que los acreedores puedan embargar, secuestrar o enajenar los activos del deudor y, en consecuencia, se permita que la empresa pueda seguir realizando sus operaciones ordinarias.

 

C.             El “Stay”- Suspensión

 

De acuerdo con el U.S. Chapter 11, desde el momento de la presentación de la solicitud de insolvencia ante el Bankruptcy Court, se suspenden todos las acciones o procedimientos de cobro de créditos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.[16] En otras palabras, se suspende todo acto destinado a cobrar, calcular o recuperar un crédito de vencimiento anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de insolvencia.[17]

 

El Stay tiene las siguientes características: (i) es automático: el peticionario no necesita solicitar medidas cautelares al Bankruptcy Court; y (ii) es inmediato: la suspensión es vinculante para todos los acreedores, estén o no notificados de la presentación de la solicitud de insolvencia.[18]

 

Existen algunas excepciones al Automatic Stay: (i) los procedimientos penales contra el deudor pueden continuar; (ii) una agencia gubernamental puede iniciar o continuar una acción para hacer cumplir su facultad reguladora, e.g., procedimientos para evitar o sancionar acciones contaminantes o hacer cumplir las normas de seguridad en el trabajo); (iii) el gobierno está autorizado para hacer cumplir ciertos reglamentos; entre otras excepciones.[19]

 

 

A diferencia del U.S. Chapter 11, en un procedimiento de Concurso Mercantil la suspensión no es automática.

 

En un procedimiento de Concurso Mercantil, el juez concursal ordena la suspensión de procedimientos de embargo o ejecución en contra de los bienes del deudor al momento de dictar la sentencia de declaración de concurso mercantil.[20] En otras palabras, el juez concursal ordena la suspensión una vez que ha finalizado la fase pre-concursal o de visita, y el juez concursal ha considerado que efectivamente el solicitante actualiza los supuestos de incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago (tomando en consideración el dictamen del visitador).

 

Si un deudor requiere suspender el cobro de créditos, ejecuciones o embargos durante la etapa pre-concursal, tiene que solicitar una medida cautelar al juez concursal demostrando:[21] (i) que existe apariencia del buen derecho, es decir, que existen elementos preliminares que permiten concluir que el deudor se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago; (ii) que existe urgencia en la concesión de la medida cautelar; y (iii) que la medida cautelar tiene como finalidad la protección de la masa concursal.[22]

 

Asimismo, en México el Stay (suspensión) tampoco es inmediato. Para iniciar los efectos de la suspensión, el juez concursal debe notificar la sentencia de declaración de concurso mercantil a los acreedores, ya sea de forma personal en su domicilio, o mediante la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

 

Por lo tanto, aunque exista una sentencia de declaración de concurso mercantil que ordene la suspensión de cobros, ejecuciones o embargos de bienes del concursado, es probable que un acreedor que no tenga conocimiento del Stay pueda continuar materialmente la ejecución de los bienes del deudor.

 

Además, los efectos del Stay en el procedimiento de Concurso Mercantil no son tan amplios como en el procedimiento del U.S. Chapter 11. En la sentencia de declaración de concurso mercantil, el juez concursal ordena: (i) la prohibición al deudor de pagar créditos con vencimiento anterior a la sentencia de declaración de concurso mercantil; y (ii) la suspensión de todo procedimiento de embargo o ejecución en contra de los bienes del deudor. En consecuencia, los acreedores o las autoridades administrativas tienen derecho a iniciar y continuar cualquier procedimiento judicial, arbitral o administrativo contra el concursado, mientras no se ejecuten o embarguen sus bienes. Es importante destacar que estos procedimientos paralelos no se acumulan al procedimiento de Concurso Mercantil.

 

La suspensión ordenada por el juez concursal en la sentencia de declaración de concurso mercantil tiene excepciones muy limitadas: (i) se permite el embargo y la ejecución de los bienes del deudor en un procedimiento laboral en el que el trabajador reclame el pago de salarios caídos de los dos años anteriores al inicio del procedimiento de concurso; y (ii) el deudor debe pagar impuestos y contribuciones; sin embargo, la autoridad tributaria no puede ejecutar ni embargar bienes del deudor.

 

Desde mi punto de vista, el Stay o suspensión es la herramienta de un procedimiento de insolvencia que mejor favorece la reestructuración o rehabilitación de una empresa en marcha. Una empresa no podría mantener sus operaciones si no tiene la certeza de que dispondrá de todos sus activos y, por la tanto, podrá pagar a sus empleados, proveedores y acreedores financieros. Además, si no existiera la suspensión, las empresas tendrían que dedicar prácticamente todo su tiempo a defenderse de los diversos procedimientos judiciales, arbitrales y administrativos que los acreedores promuevan en su contra.

 

 

El Automatic Stay previsto en el U.S. Chapter 11 permite de mejor manera la rehabilitación de empresas en marcha debido a que:

 

Primero, la suspensión prevista en la Ley de Concursos Mercantiles llega en una fase muy tardía. Desde el momento de la presentación de la petición, el deudor ya tiene graves problemas financieros y varios procedimientos judiciales iniciados en su contra. En consecuencia, el deudor necesita el Stay de forma inmediata para poder crear un plan de reestructuración que proteja sus operaciones y permita pagar a sus acreedores. Sin embargo, muy pocos jueces han entendido la necesidad de dictar medidas cautelares durante la fase pre-concursal, por lo que muchas solicitudes de medidas cautelares se niegan por falta de evidencia relacionada a la existencia del incumplimiento generalizado de las obligaciones. Así, en la práctica, la situación financiera de la mayoría de los deudores se va erosionando rápidamente en la fase pre-concursal, teniendo incluso que suspender de forma definitiva sus operaciones.

 

Segundo, las reglas de notificación en México son muy formalistas. En consecuencia, en las primeras semanas después de que el juez concursal dictó la sentencia de declaración de concurso mercantil, la suspensión no tiene mucho efecto práctico, ya que la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación y la notificación personal a los acreedores en su domicilio (a veces incluso a través de exhortos o cartas rogatorias) conlleva mucho tiempo.

 

Tercero, en México, los acreedores pueden continuar sus procedimientos en contra del deudor ante diferentes juzgados, autoridades administrativas o tribunales arbitrales en cualquier parte del país o del extranjero. Esto hace muy difícil la operación de la empresa, ya que ésta debe destinar recursos y esfuerzos para defender dichos juicios.

 

D.             Bankrupty estate vs. Masa concursal

 

Desde el momento de la presentación de la petición de U.S. Chapter 11, todos los derechos sobre cualquier activo o propiedad del peticionario se transfieren al Estate (lo que en México conocemos como masa concursal), dondequiera que estos se encuentren y quienquiera que los posea.[23] La transferencia de bienes es automática e incondicional.[24]

 

No importa dónde se encuentren los bienes, ya que todos los bienes de la empresa bajo custodia de terceros se transfieren automáticamente al Estate.[25] Además, el tercero que se encuentre en posesión de dichos bienes está obligado a devolverlos en cuanto tenga conocimiento del procedimiento de insolvencia.

 

La Ley de Concursos también prevé la creación de un patrimonio denominado “Masa Concursal”.[26] La Masa Concursal se compone de todos los bienes y derechos del deudor, salvo aquellos que sean propiedad de un tercero, pero que el deudor tenga en su posesión. La Masa Concursal se crea automáticamente cuando el juez concursal dicta la sentencia de declaración de concurso mercantil.

 

A diferencia del U.S. Chapter 11, la Ley de Concursos Mercantiles no prevé la obligación de terceros de restituir los bienes propiedad del deudor de manera automática en cuanto tengan conocimiento de la declaración de concurso mercantil. Esta “omisión” tiene como finalidad el respetar el principio de legalidad reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impide que cualquier persona pueda ser privada de sus bienes o posesiones, salvo mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento.

 

De acuerdo con lo anterior, para que un deudor recupere la posesión de sus bienes o activos en poder de terceros, es necesario que presente demandas de reivindicación ante un juez civil y obtenga una sentencia favorable con fuerza de cosa juzgada. En la práctica, esto puede tardar entre dos y cuatro años.

 

La posesión del deudor de todos sus bienes y derechos es fundamental para la reestructuración y rehabilitación de una empresa en marcha. Por lo tanto, las normas de creación del Estate previstas en el U.S. Chapter 11 benefician y promueven la rehabilitación de las empresas, al permitirles disponer de todos los activos necesarios para continuar con el funcionamiento de la empresa y generar mayor valor.

 

E.             Administración de la empresa insolvente

 

Desde la presentación de una petición conforme al U.S. Chapter 11, la administración de la empresa se convierte en la administración del nuevo Debtor-in-Possesion (“DIP”) -deudor en posesión de la empresa-[27]. El DIP actúa como un fiduciario dentro de un procedimiento de U.S. Chapter 11;[28] es decir, el DIP tiene las mismas obligaciones que un fiduciario. La facultad más importante del DIP es continuar con la administración ordinaria de la empresa.

 

Las normas que regulan al DIP tienen por objeto evitar una posible disminución o eliminación del valor de una empresa en funcionamiento derivado del cambio de administración debido a la presentación de la petición de U.S. Chapter 11. La senadora Elizabeth Warren explica que “los redactores del Código estaban convencidos de que, por lo general, el sistema funcionaría mejor si se dejaba en funciones a la administración actual. La historia legislativa muestra que los redactores creían que esa política aumentaría en general el valor de la masa y animaría a más empresas en dificultades a acogerse al Chapter 11. Pero también reconocieron que las consecuencias de dejar en el cargo a la anterior administración podrían ser la reducción del valor de la empresa, y por lo tanto, se requerían mecanismos de control y, en caso necesario, poder sustituir a la administración”.[29]

 

En este sentido, el Bankruptcy Court tiene facultad para sustituir a un DIP por un trustee en caso de que se le solicite. Entre las principales razones que justifican la destitución de la antigua administración figuran: (i) el fraude, la deshonestidad, la incompetencia o la mala gestión de los asuntos del deudor; o (ii) si el nombramiento de un trustee sería en beneficio de los acreedores y del Estate.[30]

 

Las normas relativas a la administración de la masa concursal en México son muy similares a las del U.S. Chapter 11. Conforme al artículo 74 de la Ley de Concursos Mercantiles, durante la etapa de conciliación, la administración de la empresa le corresponde al administrador único o consejo de administración nombrado por los accionistas antes de la declaración de concurso mercantil. Sin embargo, el conciliador tiene la facultad de solicitar al juez concursal la remoción del deudor de la administración de la empresa si considera que ello es conveniente para la protección de la masa concursal. Si el juez concursal declara la remoción de la antigua administración, el conciliador asume las labores de administrador de la empresa.

 

Desde mi punto de vista, el DIP es una de las herramientas más importantes para promover la reestructuración de empresas en marcha. La antigua administración conoce toda la situación económica, financiera, jurídica y administrativa el negocio. Por lo tanto, en caso de destitución, la nueva administración (ya sea un trustee o un conciliador) enfrentan grandes dificultades ante la falta de información y experiencia, lo que afectaría la toma de decisiones inmediatas y urgentes que se requieren en una empresa en marcha sometida a un procedimiento de insolvencia.

 

F.              Rediseño del negocio de una empresa insolvente

 

El U.S. Chapter 11 otorga a la administración del DIP amplios poderes para rediseñar el negocio de la empresa. En particular, la administración del DIP puede determinar si el negocio debe continuar o suspenderse, o rechazar o ceder los contratos pendientes celebrados con terceros. Esta determinación debe ser aprobada o rechazada por el Bankruptcy Court.

 

Este poder del DIP es extremadamente importante porque le permite rediseñar la empresa desde una perspectiva financiera, operativa y contable.

 

Por el contrario, en México, la facultad de rediseñar la estructura operativa de la empresa es limitada debido a que el deudor está obligado a cumplir con los contratos de ejecución pendientes, a menos de que el conciliador considere que la terminación del contrato es en el mejor interés de la masa concursal.

 

Asimismo, el artículo 75 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que la administración únicamente puede realizar las operaciones comunes y ordinarias de la empresa, sin que pueda realizar operaciones ajenas a su giro. En otras palabras, la administración del DIP está impedida de reestructurar y modificar el funcionamiento normal de la empresa durante la etapa de conciliación.

 

Considero que ambas normativas protegen dos valores distintos. El U.S. Chapter 11 pretende evitar que las empresas suspendan sus actividades, ya que les permite realizar todas las modificaciones necesarias en su estructura operativa y financiera para que puedan generar valor y mantener su viabilidad. Por otro lado, la Ley de Concursos Mercantiles tiende a ser proteccionista de los bienes y derechos de la masa concursal, impidiendo a los administradores realizar nuevas operaciones que puedan poner en peligro el patrimonio de la masa, y por consiguiente, el pago a los acreedores.

 

Desde mi punto de vista, la regulación del U.S. Chapter 11 brinda mayor protección a las empresas en marcha, debido a que les permite realizar los ajustes necesarios para seguir operando, generar mayor valor al Estate y, por lo tanto, un mejor pago a los acreedores.

 

4.              Conclusión y estadísticas

 

De acuerdo con todo lo expuesto en este artículo, puedo concluir que el U.S. Chapter 11 es más eficaz en la rehabilitación de empresas en marcha que la Ley de Concursos Mercantiles. Es importante resaltar que las estadísticas confirman esta conclusión. Tan sólo en el año 2021, 6,375 empresas y 496 individuos presentaron peticiones de insolvencia conforme al U.S. Chapter 11.[31] Por el contrario, en México, las empresas rara vez utilizan los procedimientos de Concurso Mercantil. Según datos del IFECOM, desde el año 2000, los tribunales sólo han admitido 826 procedimientos de insolvencia, lo que equivale a aproximadamente 40 casos por año.[32]

[1] Artículo 1 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[2] Ibidem

[3] Artículo 21 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[4] Un comerciante se encuentra en incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago cuando tiene dos o más acreedores y cumple con los siguientes supuestos: (i) el 35% de sus obligaciones tienen un vencimiento mayor a 30 días; y (ii) el comerciante no tiene activos circulantes suficientes para hacer frente al 80% de sus obligaciones vencidas.

[5] Artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[6] Warren, William, Bussel, Daniel, Skeel, David, Bankruptcy, Thompson Reuters, novena edición, p. 839 (2012).

[7] 28 U.S.C. §151.

[8] 28 U.S.C. §1334(a).

[9] Diario Oficial de la Federación, ACUERDO General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos; a la oficina de correspondencia común que les prestará servicio; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5644640&fecha=04/03/2022#gsc.tab=0.

[10] 11 U.S.C. §303.

[11] 11 U.S.C. §303(b).

[12] Warren, Elizabeth, Chapter 11: Reorganizing American Businesses, Wolters Kluwer, tercera edición, p. 24 (2008).

[13] Ibidem

[14] Artículo 20 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[15] Instituto Federal de Concursos Mercantiles (IFECOM), https://www.ifecom.cjf.gob.mx/applications/aspx/reporte.aspx?op=1&fiSemIni=1&fiSemFin=41&fiSemestreC=1&fiAnioC=2000.

[16] White James, Nimmer Raymond, Cases and Materials on Bankruptcy, West Publishing, tercera edición, p. 126-127 (1986).

[17] Warren, Elizabeth, Op. Cit. p. 27.

[18] Warren, William, Bussel, Daniel, Skeel, David, op. Cit. p. 178.

[19] Warren, Elizabeth, op. Cit. p. 30-33.

[20] Artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[21] Ibidem

[22] Artículo 84 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[23] Warren, William, Bussel, Daniel, Skeel, David, Op. Cit. p. 178.

[24] Warren, Elizabeth, Op. Cit., p. 39.

[25] 11 U.S.C. §543

[26] Fracción V del artículo 3 de la Ley de Concursos Mercantiles.

[27] Warren, Elizabeth, Op.Cit. p. 54-55,

[28] 11 U.S.C. §1107

[29] Texto original en inglés: “the Code’s drafters were convinced that they system would usually operate better if current management was left in place. Legislative history shows that the drafters believed such as a policy would generally enhance the value of the estate as well as encourage more troubled businesses to file Chapter 11. But they also recognized that the consequences of leaving management in charge could be value-reducing and that mechanisms were needed to control and, if necessary, to replace management in such cases”.

[30] Warren, Elizabeth, Op. Cit., p. 55.

[31] Statista, Annual number of Chapter 11 bankruptcy cases filed in the United States from 2007 to 2021, by debtor, https://www.statista.com/statistics/1118180/bankruptcy-filings-us-chapter-11-debtor/.

[32] Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Estadísticas de Concursos Mercantiles presentados conforme a la Ley de Concursos Mercantiles,  https://www.ifecom.cjf.gob.mx/applications/aspx/reporte.aspx?op=1&fiSemIni=1&fiSemFin=41&fiSemestreC=1&fiAnioC=2000,