César Alejandro Rincón Mayorga[1]
El ingreso por sus inmensas puertas doradas, mismas que permanecían eternamente abierta para escuchar los reclamos de la sociedad, según decían; las miradas siempre vigilantes de dos jaliscienses, paisanos míos, sometiéndote a un minucioso escrutinio mientras ingresabas al que alguna vez fuera el Alto Tribunal. Al pasar el registro de visitas, así como el filtro de seguridad que le seguía, tenías la libertad de ―como cualquier otro órgano jurisdiccional del país― acudir a la oficialía de partes, o visitar actuarios, secretarios y, en caso de tener cita, tener audiencia con uno de los “once grandes”.
Desde pandemia, y encrudecido con el clamor anti judicial del gobierno, nada de eso existe ya. Ahora, uno accede por la puerta trasera de la Suprema Corte; las figuras de Otero y Vallarta no vigilan más, y no se puede acceder ―incluso con actuarios― si no es con cita. Ya no es posible hacer el típico recorrido que todo litigante haría en un juzgado o tribunal. Podría decirse que el monitoreo de los asuntos es un poco más complejo que en cualquier otro órgano jurisdiccional. Quizás es una especie de reflejo de la realidad judicial mexicana: las puertas doradas que antes estaban abiertas de par en par ahora se mantienen selladas, como indicando la lejanía que probablemente siempre hubo de la justicia a la realidad que impera en nuestra nación.
Previo a este periodo vacacional, acudí a la Corte a darle seguimiento —después de haber gestionado la cita correspondiente— a una controversia constitucional que presentamos a inicios de junio y que fue clasificada como urgente, por lo que se le daría trámite aun previo a la instalación de los ministros recién electos. La entrada, como es costumbre desde hace casi un lustro, fue por la puerta posterior, nos escoltaron hasta la ponencia del ministro instructor y quedé atónito: las oficinas estaban vacías, diríamos que estaban “pelonas”, los libreros sin libros, los escritorios sin documentos, y un aire de desolación al interior de los muros del tribunal. Es más, presenciamos una reunión del equipo completo de la ponencia con el ministro, si bien ésta fue a puerta cerrada, sí pudimos escuchar varias rondas de aplausos; algo así como el final de un concierto.
En la controversia que patrocino, solicitamos la suspensión del acto impugnado (de hecho, por tal cuestión se le dio trámite al procedimiento). Sin embargo, al platicar sobre ésta con el secretario encargado, nos comentó que la política de la Corte para los casos que se desahogarían durante este periodo transitorio era la de negar las suspensiones, a lo que nos recomendó presentar la reclamación correspondiente para que sea la Sala o, en su caso, el nuevo Pleno, quien conceda la medida cautelar. Según entendimos, no quieren llamar la atención, o pareciere que pretenden pasar un poco más desapercibidos durante estos meses.
De cierta forma, esta Corte aparentemente renunció a su papel cómo órgano de control jurisdiccional. Lo que antes era un tribunal que, desde su ingreso se imponía, ahora se borra y así lo asume. El periodo de transición que estamos viviendo en estos momentos no solo se sufre en la Suprema Corte, sino también en el resto de órganos jurisdiccionales de la federación, pues muchos de ellos ni siquiera están integrados en su totalidad por sus titulares, sino por secretarios habilitados para ejercer funciones como jueces o magistrados. En esos casos, ¿qué sentido de responsabilidad podrán tener en comparación con un titular? Veremos qué nos depara con los recién electos juzgadores. Muchos ministros, magistrados y jueces, ya se van, se siente esa nostalgia de un pasado firme y con vocación. En mi visita a la Corte, tuve la oportunidad de saludar (¿o despedirme de?) al ministro González Alcántara Carrancá, quien, al haberle comentado que él ha sido de los mejores jueces que han integrado a la Suprema Corte, me respondió que vendrán mejores; ojalá así lo sea.
¿Qué sigue ahora? Por lo pronto, los abogados que postulamos debemos tener sumo cuidado con nuestros asuntos, porque la incertidumbre entre los funcionarios judiciales puede incidir negativamente en la solución de los juicios pendientes. Por ejemplo, ahora en junio nos tocó ir a La Paz, Baja California Sur, a litigar (como le decimos en el argot) un amparo en revisión en un Colegiado. Desafortunadamente, la ponente —quien sí es magistrada titular—pidió licencia justo el día que nos había dado cita para que nos recibiera. No obstante, pudimos platicar con los dos secretarios en funciones de magistrados que integran el tribunal. Vimos cierta apatía o desinterés por parte de ellos hacia los asuntos en general, pues se mostraron más preocupados con lo que sucedería ahora con los resultados de la elección judicial, y el cómo se integrarían los tribunales de ese Estado. A pesar de ello, a uno de los secretarios le resonó algún punto del asunto que le planteamos y logramos convencerlo de nuestra postura. Incluso, nos comentó que ya había leído el proyecto de resolución, pero había pasado de alto nuestro argumento y terminó diciéndonos: “veré qué puedo hacer”, y así nos dio a entender que el proyecto venía en contra de nosotros. A la postre, se votó en contra la propuesta y se returnó el caso.
A dos meses de la elección (y a casi 10 de la publicación de la reforma constitucional en esta materia) una de las externalidades negativas de todo este proceso sale a la luz: la falta de certeza en el periodo de transición incide, así como los realistas lo propondrían, no solo en el ánimo del juzgador, sino también en su concentración en los asuntos que tienen ante sí. Si bien no estoy de acuerdo con la medida que se propuso para darle solución a los problemas del Poder Judicial mediante la elección de los jueces, magistrados y ministros, sí estoy convencido que la entrada en funciones de los nuevos titulares ayudará a traer algo de la certeza que se ha perdido durante estos meses. Una vez que se instalen los juzgadores electos, será nuestro deber como abogados continuar vigilantes al desahogo de nuestros asuntos, pues es en esa medida en que podremos ayudar en que se recupere esa seguridad que tanto hace falta. Si durante este periodo transitorio logramos hacerle ver a los juzgadores interinos la trascendencia de un asunto, creo que podremos lograrlo con los titulares que vendrán.
Falta menos de un mes para la entrada de los juzgadores electos, no dejemos al “ahí se va” este cambio, los abogados tenemos el deber de evitar que el sistema jurisdiccional se nos caiga (¿más?) de entre las manos.
[1] Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara; Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.