Alix Trimmer
El fenómeno #METOO removió los cimientos de todo el mundo, aunque existen antecedentes que lo ubican desde 2006, la explosión del movimiento se dio en 2017 en el contexto de exposición generalizada de las acusaciones en contra de Harvey Weinstein[1] y se convirtió en el movimiento que une a miles de mujeres alrededor del mundo que han sido acosadas, violentadas y afectadas.
En México, el movimiento llegó y, como en otras latitudes, se diseminó como pólvora. Cada vez más mujeres alzaban la voz para denunciar públicamente casos de acoso y violencia que sucedieron en toda clase de espacios. Los despachos y grandes firmas legales no han sido la excepción.
Un número importante de personas han levantado la mano para narrar la violencia de la que han sido víctimas a lo largo de los años en espacios que tendrían que velar por el cumplimiento de la norma y el respeto de los derechos fundamentales.
La problemática fundamental del #METOO resulta de no ser un mecanismo de justicia sino de desahogo social, razón por la que, bajo el falso argumento de presunción de inocencia, mucha gente ha omitido tomar una postura en relación con las denuncias, hasta en tanto las mismas se conviertan en procesos formales ante las autoridades penales.
Algunos casos denunciados a través de #METOO, de los tendederos[2] y otros tantos mecanismos de visibilización, terminan también convirtiéndose en procesos penales, con denuncias “reales” presentadas ante las autoridades correspondientes, para su debida persecución. Sin embargo, es un hecho conocido que México tiene grados de impunidad altísimos y muchas, o la gran mayoría de esas denuncias, no llegarán a nada, ninguna justicia habrá de hacerse para las víctimas.
Con todo lo anterior de contexto, resulta necesario preguntarse qué pasa después de las denuncias, con independencia de si son formales o no. El pacto patriarcal que une a las instituciones educativas, gubernamentales, despachos y tantos espacios más es tan sólido que, aunque una persona sea señalada como agresora, se le da mayor credibilidad que aquella que se otorga a la víctima.
Si bien es cierto que se tiene que contar con bases sólidas para sancionar a cualquier persona y que tal sanción sea impuesta por una autoridad competente, resulta necesario dar credibilidad a las víctimas que, por tantos años y por culpa de la impunidad existente, han guardado silencio por temor a ser revictimizadas, juzgadas y que han encontrado en los fenómenos de denuncia social una escapatoria que les permita visibilizar el daño del que han sido objeto.
En éste como en muchos tantos artículos, foros, pronunciamientos, se invita y exhorta a toda la gente a romper el pacto patriarcal, a creer en las víctimas, a -cuando menos- cuestionar la falsa honorabilidad de las personas agresoras y, exigir, como mínimo, una aclaración de parte de éstas de la situación que se les imputa, procurando así que los espacios sean seguros para las víctimas.
[1] https://elpais.com/internacional/2017/12/23/actualidad/1514057371_076739.html
[2]https://www.ibericonnect.blog/2022/03/los-tendederos-de-denuncias-un-poco-de-historia-y-mucho-de-derechos/#:~:text=Los%20tendederos%20de%20denuncias%20son,es%20personal%20se%20vuelve%20pol%C3%ADtico.