Mtra. Karime Athie Ortíz
Mucho se ha abordado sobre la violencia contra las mujeres y niñas, la punibilidad e impunidad que prevalece según sea el caso, sobre la inacción de las autoridades, sobre los protocolos de investigación, juzgar con perspectiva de género, los programas sociales de protección, los mecanismos jurisdiccionales y demás procesos judiciales; sin embargo, los casos de violencia no han cesado y mucho menos disminuido, así como tampoco la impunidad en una gran parte de los casos.
En el mes de mayo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), presentó la Recomendación 01/2022, en la cual señala la persistencia de patrones de violencia institucional con motivo de la denuncia e investigación de casos de violencia en contra de las mujeres.
En ella se aborda la importancia de las órdenes y medidas de protección como mecanismos de acceso a la justicia de las mujeres y niñas víctimas de violencia; sobresalen diversas deficiencias como la credibilidad a las víctimas, la revictimización en los mecanismos de entrevistas, la dificultad para iniciar la denuncia por diversas causas, el uso de estereotipos y prejuicios en la base de las hipótesis de investigación, demoras en la indagatoria, falta de solicitud o efectividad de medidas de protección, perdida y filtración de información, exigencia de una narración de hechos lineal, así como desconocimiento de los efectos traumáticos para las víctimas.
En dicho documento, se enfatiza la necesidad de modificaciones inmediatas y sostenidas a nivel estructural que deriven en el cumplimiento de las obligaciones de cada autoridad, ya que en el 90% de los casos que fueron analizados, las medidas de protección fueron insuficientes, y en algunos casos se registraron nuevas agresiones en contra de la victima o personas cercanas a ellas.
La recomendación de la CDHCM confirma la realidad de facto en los casos de violencia: la denuncia como el acto inicial de un proceso se torna complicada derivada de los procesos burocráticos, la falta de profesionalización, sensibilidad y empatía de las autoridades encargadas, por lo cual una gran cantidad de casos de violencia contra la mujer no son denunciados y por tanto tampoco sancionados.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, señalan que, de enero a mayo del presente año, se realizaron 14,160 llamadas al 911, relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, siendo la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua, los estados con más número de llamadas.
De enero a marzo del presente año se contabilizaron 10,579 casos de violencia contra las mujeres, sin embargo, esta cifra está muy lejos de reflejar la realidad de los casos de violencia en México, pues como se señala anteriormente la mayoría de los casos no son denunciados.
Promover la cultura de la denuncia es importante, como también lo es la construcción de mecanismos que subsanen las deficiencias persistentes para que la víctima pueda acercarse e iniciar un proceso confiando en la impartición de justicia, en las autoridades y en un Estado de derecho.
Para combatir la impunidad es indispensable trabajar en el cumplimiento estricto en la integración de las carpetas de investigación, en la creación de mecanismos que eviten vacíos legales e irregularidades en los procesos, que deriven en deficiencias en la impartición de justicia y por tanto en la impunidad de los casos.
Hace algunos días el Ministro Arturo Saldívar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó a la Comisión permanente del Congreso de la Unión, el proyecto de “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio” como una respuesta a la situación que estamos enfrentando por el creciente número de feminicidios en el país y ante la falta de estándares claros y uniformes que puedan garantizar el castigo en caso de la violencia feminicida.
Dicha iniciativa procede del máximo Tribunal del país, como una obligación de brindar certeza jurídica sobre la impartición y los procesos de jurisdiccionales en el tema de la creciente violencia contra las mujeres.
Es ahora el legislativo quien tendrá que hacer frente a los retos actuales para poder proveer las herramientas jurídicas para su ejercicio a través de los encargados de impartir justicia.
Una de las problemáticas relevantes radica en la no aplicación estricta de la Ley durante las diversas etapas del proceso penal, lo que se traduce en infinitos casos de impunidad y por tanto de falta de credibilidad en las instituciones, lo cual como consecuencia lógica disminuye el número de casos que son denunciados.
Las campañas de prevención por parte de las instituciones deben ir acompañadas de un trabajo jurisdiccional excepcional que se traduce en sentencias para los agresores.
Son muchas las voces de la sociedad civil, las asociaciones, fundaciones y colectivos de mujeres que exigen llevar a cabo acciones de prevención y justicia en los casos de violencia.
Hace algunos días el Colectivo 50más1 a través de su Comisión Nacional de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentó la campaña “Vencer el Silencio”; la importancia de alzar la voz en los casos de violencia, visibilizarla, denunciarla y sancionarla.
“Vivir una vida libre de violencia es un derecho inalienable y no negociable”.