ADR 5065/2025: Oye Capullo, a todos los quiero igual… | Paréntesis Legal

ADR 5065/2025: Oye Capullo, a todos los quiero igual…

Antonio Carrión Delgado

 

I.               Introducción

Según la Corte, en Chiapas el concubino que estuvo presente en el nacimiento del bebé tiene sesenta días, contados desde ese día, para desconocer la paternidad, y una prueba genética fuera de ese término sirve menos que la ivermectina en tiempos de COVID.

Sostengo que el fallo es incorrecto y que la Corte debió revocar la sentencia del Colegiado. La propia Corte planteó como cuestión constitucional si la lectura literal del plazo respetaba el acceso a la justicia y el interés superior de la niñez, y la contestó con razones del fondo del juicio, que usadas para fijar un plazo son razones morales sobre si un hombre debe seguir manteniendo a un niño que no engendró. Esas razones admiten una reconstrucción lógica breve, y al hacerla aparecen las premisas que la sentencia no enuncia. Sostengo además que el artículo 17 ya daba la respuesta, porque un plazo que se consume antes de que su titular pueda demandar no le deja acción que ejercer, y que el sistema procesal ya tenía resuelto quién debía probar que el concubino supo antes. Escribo sobre el proyecto que la Corte publicó antes de la sesión del 3 de noviembre de 2026 y aprobó ese día por siete votos contra dos, porque el engrose todavía no se publica.

II.              El asunto

Él era médico familiar de ella, tenía sesenta y ocho años y ella veintiséis cuando empezó el concubinato, que duró cerca de diez años. El niño nació el 13 de septiembre de 2018 y cuatro días después ambos lo registraron como hijo de los dos. En octubre de 2020, por rumores de infidelidad, él mandó practicar una prueba genética privada y el 23 de ese mes recibió el resultado, que excluía el vínculo biológico. Presentó una primera demanda el 27 de enero de 2021 que se archivó porque no cumplió una prevención, y la demanda que prosperó la presentó el 28 de abril de 2021, cuando el niño tenía dos años y ocho meses. La madre opuso la caducidad del artículo 326, que dice que el marido con derecho a contradecir la paternidad “deberá deducir su acción dentro de sesenta días, contados desde el nacimiento si está presente; desde el día en que llegó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento”.

En la Corte el primer proyecto, de la ministra Ríos González, proponía revocar la sentencia del Tribunal Colegiado, que había contado el plazo desde el nacimiento, y computarlo desde la prueba, y se desechó el 11 de febrero de 2026 con siete votos en contra. El segundo, del ministro Figueroa Mejía, propuso lo contrario y se aprobó por siete votos contra dos. En una segunda votación el pleno eliminó el resolutivo que declaraba abandonado el criterio del amparo directo en revisión 544/2022, porque ese asunto se había resuelto por tres votos y nunca fue precedente obligatorio.

La Corte dijo que el artículo 326 se aplica al concubino, aunque hable del marido “pues no existe razón suficiente para establecer una distinción entre ellos frente al plazo para promover la acción de desconocimiento, cuando en ambos casos la ley presume su paternidad”. Que el concubino no tenga la prueba dentro del plazo “constituye una dificultad relevante para valorar la restricción, pero no convierte automáticamente en inconstitucional el punto de partida elegido por la ley”. Y si el plazo corriera desde el conocimiento de la incompatibilidad “quien aparece jurídicamente como padre podría decidir cuándo investigar sus dudas o cuándo obtener una prueba genética, mientras que la persona menor de edad carecería de control sobre tales decisiones y permanecería expuesta a que su filiación fuera cuestionada en cualquier momento”. Parece que hay algo de argumento en su especulación, vaya que cercenar un derecho bajo una premisa dudosa no parece muy garantista que digamos.

III.             Lo que pidieron y lo que alcanzaba con el texto

Todo plazo de caducidad tiene duración y detonante, y aquí solo se discutió el detonante. El recurrente pidió que el plazo corriera desde que conoció la incompatibilidad biológica, por “interpretación evolutiva”, porque un código de 1938 no conocía el ADN. Lo que pedía era que una propiedad que la norma no toma en cuenta, el momento en que el presunto padre se entera, contara para fijar el plazo, y decidir qué propiedades deben contar es una valoración. He sostenido que en ese reclamo no falta nada en el sistema, pues hay norma, hay consecuencia y hay decisión posible, y lo que se agrega es una valoración negativa del resultado, de modo que la llamada laguna axiológica describe un desacuerdo interno del intérprete.[1] El recurrente traía un desacuerdo axiológico con la ley y le puso otro nombre, y eso es lo que pasa con los juicios de valor vestidos de descripción, que generan pleitos que parecen pleitos sobre hechos.

Hasta ahí hay que darle a la Corte lo que le corresponde, se negó a tratar el desacuerdo como un hueco del sistema y separó el problema de qué prueba destruye la presunción del problema de hasta cuándo puede intentarse destruirla. Lo que pasa es que el recurrente también alegó que la caducidad sanciona la inactividad y que nadie está obligado a lo imposible, y ese argumento no necesitaba ninguna interpretación evolutiva, aunque lo dejó revuelto con la verdad biológica y con su proyecto de vida. El engaño lo mencionó apenas como refuerzo sobre el “uso abusivo de la presunción legal de paternidad”, lo que le permitió a la Corte despacharlo con perspectiva de género en dos patadas. Y resulta que el problema de la Corte empieza en cómo rechazó la interpretación evolutiva, porque en lugar de quedarse con las propiedades que la norma sí toma en cuenta eligió entre lecturas con el interés superior de la niñez en la mano y con eso contestó el desacuerdo axiológico del recurrente con uno suyo. En este expediente nadie discutía los hechos ni la letra del 326, y aun así el desacuerdo subsistió, porque era un desacuerdo de valoraciones, que sobrevive a cualquier acuerdo sobre los hechos y sobre las palabras, y ese fue el que decidió el caso.

IV.             Los argumentos morales de la Corte

Reconstruir el argumento de otro tiene una trampa, que es completarlo con lo que a uno le conviene para luego tumbarlo. Si critico una versión peor que la que escribió la Corte, derribo un argumento que nadie sostuvo y la sentencia queda intacta, por eso cada premisa que le atribuyo va con las palabras de la propia sentencia, y la premisa tácita que agrego en cada caso es la que hace falta para que el argumento quede completo. Falta una cuando en la conclusión aparece una expresión que no está en ninguna de las premisas. La Corte usó cuatro argumentos morales.

El primer argumento es el de la protección. Su primera premisa dice que la caducidad en esta materia es “sobre todo” un mecanismo de protección de los derechos del niño, al permitir que su estado de filiación adquiera estabilidad. La segunda, que desde el establecimiento de la filiación se construyen relaciones de convivencia, cuidado y apego cuyo arraigo crece con el tiempo y cuya ruptura puede dañar al niño. Y la conclusión, que el plazo debe correr desde el nacimiento. Falta una tercera premisa, que la sentencia no formula, según la cual la estabilidad del niño vale más que la posibilidad del concubino de litigar con la información que obtuvo. Lo más cerca que está de enunciarla es cuando dice que la afectación al concubino “debe valorarse también a partir del interés superior de la infancia”. Esa premisa es una valoración, y una premisa que no se enuncia es una premisa que no se justifica. Hay además un problema de pertinencia, porque las dos premisas explícitas hablan de lo que el niño necesita y la conclusión habla de lo que el plazo debe ser. Las razones del apego y del arraigo son razones para decidir si procede el desplazamiento de la filiación cuando se juzgue el fondo, con el niño escuchado y las pruebas desahogadas, y ninguna de las dos dice nada sobre desde cuándo puede reclamar quien reclama. Lo que permite ese paso es la primera premisa, que redefine la caducidad, porque si la caducidad protege al niño, toda razón de fondo se vuelve pertinente para fijar el plazo, y por ahí entró la ponderación, cual okupa a residencia ajena.

El segundo es el del precedente. La sentencia funda la racionalidad del plazo en lo que la extinta Primera Sala dijo en el amparo directo en revisión 3913/2014 y en las tesis que de ahí vienen, y lo resume así, la racionalidad del plazo es impedir que sea el estado de ánimo o la mera voluntad del cónyuge varón o del concubino lo que defina la conservación de las relaciones familiares, “sobre todo cuando éste ya ha asumido determinadas obligaciones a pesar de la inexistencia del vínculo biológico”. La premisa implícita es que el concubino de este caso está en esa situación. No lo está, y las propias tesis lo dicen. La tesis aislada 1a. XXVI/2014 (10a.), que la Corte cita y que orienta sin obligar, explica que el plazo impide que el estado de ánimo decida “máxime cuando éste ya ha asumido determinadas obligaciones a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico”, y la norma que interpreta, el artículo 4.151 del Código Civil del Estado de México, cuenta el plazo “a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho”.[2] La tesis aislada 1a. XCVI/2018 (10a.), también citada por la Corte y también orientadora, repite que los plazos de caducidad impiden que la voluntad sea el factor determinante en la conservación de relaciones “cuyos derechos y obligaciones se han asumido a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico”.[3] El sujeto de esas tesis es el hombre que sabía y aceptó libre y voluntariamente hacerse cargo. El concubino del asunto registró al niño creyendo que era suyo y demandó cuando supo que no lo era, así que la ratio de los precedentes que la Corte invoca no cubre su caso, y la sentencia la aplica sustituyendo “a conciencia de la inexistencia” por “a pesar de la inexistencia”, que es otra cosa. El sentido de una tesis no depende de lo que el tribunal que la cita opine de ella, y menos cuando al citarla le cambia el sujeto.

El tercero es el del motivo. La Corte sostiene que en el desconocimiento de paternidad “no es la persona menor de edad quien tiene la intención de colocarse en un estado de incertidumbre sobre sus orígenes. Es más bien el presunto progenitor el que busca que la identidad del niño o de la niña, que ya se encuentra definida, se vea alterada”, que el recurrente “utiliza como argumento el derecho del niño a conocer su origen biológico para obtener un beneficio personal” y que ese es uno de los usos abusivos del interés superior que el Comité de los Derechos del Niño advierte. Reconstruido, el argumento dice que quien demanda el desconocimiento persigue un beneficio propio contrario al del niño, y que por eso la verdad biológica “no resulta plenamente aplicable” a esta acción. Del juicio sobre la motivación del actor la Corte saca una regla sobre qué principio rige la acción, y para eso da dos saltos. El primero va de la motivación de una parte a la naturaleza de una acción que la ley sí prevé, porque el legislador de Chiapas puso el 326 precisamente para que el presunto padre pueda hacer lo que la Corte describe como abuso. El segundo va de un juicio moral a un criterio obligatorio. El recurrente invocó la verdad biológica, aunque para fijar el plazo no hacía falta decidir qué principio rige el desconocimiento de paternidad. El artículo 222 de la Ley de Amparo deja fuera del precedente obligatorio “las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión”, pero la Corte hizo de la frase de que ese principio “no resulta plenamente aplicable” una premisa de su conclusión sobre el plazo.

El cuarto es el del engaño y el género. El recurrente alegó uso abusivo de la presunción por engaño, y la Corte contestó que la presunción opera por ley y no depende de manifestación alguna de la madre, que el análisis debe hacerse con perspectiva de género “sin presumir la existencia de engaño por el solo hecho de que una prueba genética descarte la paternidad biológica”, y que las consecuencias de una controversia entre adultos no deben trasladarse al niño. Las dos últimas afirmaciones son correctas y ninguna decide nada sobre el plazo. La sentencia no identifica estereotipo alguno que haya operado en el expediente ni demuestra que la lectura del plazo propuesta vulnerara la igualdad de la madre. El argumento le sirvió a la Corte para no entrar al engaño, y contar el plazo desde que el concubino tuvo la prueba no exige calificar la conducta de la madre, porque lo único que hay que probar es en qué fecha supo él que el niño no era suyo.

Los cuatro argumentos parten de valoraciones, la estabilidad del niño, la fidelidad a un precedente, la sospecha sobre el motivo del actor, la protección de la mujer frente a estereotipos, y aterrizan en la fecha desde la que se cuenta un plazo. El texto quedó sustituido por un principio que fija lo que el intérprete prefiera. Las razones morales entran al razonamiento jurídico cuando una norma las llama, y el 326 no llamó a nadie a decidir si el apego pesa más que la prueba de ADN.

Entre febrero y noviembre esta Corte discutió dos proyectos con veredictos opuestos y con la misma seguridad en sus razones, el de Ríos González con la verdad biológica y el de Figueroa Mejía con el interés superior. Con el artículo 17 en la mano los dos proyectos habrían discutido una sola cosa, si un concubino que registró al niño creyéndolo suyo podía demandar el desconocimiento en los sesenta días siguientes al parto.

Habrá también quien diga que una regla puede dejar de aplicarse cuando el caso trae intereses que el legislador no ponderó, y que el artículo 4o. constitucional es la puerta por la que el apego entró. La objeción tiene dos respuestas. La primera es que la Corte no usó esa herramienta, pues no dijo que el caso fuera especial ni que derrotara la regla, dijo que la regla leída con el interés superior ya decía lo que ella decidió. La segunda es que el estándar para saber si la ley resulta demasiado rigurosa es la propia ley y sus fines, y el fin del plazo, según la tesis 1a. XXVI/2014 que la Corte cita, es impedir que decida el ánimo de quien asumió obligaciones sabiendo que no era el padre, fin que en este caso favorece a quien no lo sabía. Al defensor le queda la tesis aislada 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), que orienta sin obligar y manda elegir, cuando una norma admite más de una interpretación, “la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor”,[4] y la lectura conforme con el artículo 17 es una segunda interpretación del 326. Esa regla de elección supone que el interés del niño es el que está en disputa, y en este juicio la Primera Sala dijo que ese interés “no guarda identificación plena con la pretensión del actor”.[5] La jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), que sí obliga, le asigna al interés superior la tarea de orientar una interpretación sistemática “para darle sentido a la norma en cuestión”.[6] Si cada vez que el 326 admite dos lecturas gana la que cierra la acción, la acción que la ley le da a quien no es el padre queda vacía para todos los casos. El interés superior de la infancia ordena la lectura del sistema, y usarlo para cargarse una de sus acciones es exactamente lo que esa jurisprudencia no autoriza.

V.              La respuesta del texto y del proceso

La Corte reconoció que el presunto padre puede carecer de motivos para dudar durante el plazo y enterarse después, y que no tener la prueba dentro de los sesenta días “constituye una dificultad relevante para valorar la restricción”, pero en lugar de preguntarse si el concubino podía demandar cuando el plazo empezó a correr, resolvió que la caducidad “no opera únicamente como una consecuencia de la inactividad procesal del presunto progenitor, sino sobre todo como un mecanismo de protección” del niño, y con esa redefinición la pregunta desapareció. La jurisprudencia que la propia Corte cita admite los plazos mientras no sean trabas “innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador”,[7] y resulta que un plazo que corre mientras el titular no tiene nada que reclamar se consume antes de que haya acción que ejercer. La Primera Sala ya había sostenido, en jurisprudencia que obliga y que la sentencia no cita, que “resultaría contrario al acceso a la justicia” que los beneficiarios de un seguro perdieran la acción “sin haber sabido antes que podían cobrar una suma de dinero”, y que contar el plazo desde el conocimiento es necesario porque “impide que la prescripción se consume y las personas pierdan el derecho a cobrar la suma asegurada por el mero transcurso del tiempo, cuando todavía no se han enterado del siniestro y del beneficio a su favor”.[8] El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur sostuvo lo mismo sobre la nulidad de juicio concluido, pues contar el plazo sin conocimiento “haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia”,[9] y un colegiado ya había inaplicado por el 17 una restricción a la acción de desconocimiento de paternidad en Michoacán.[10] En Chiapas ni siquiera hacía falta inaplicar el 326, porque ese artículo habla del marido y el código no le fija plazo al concubino. Esa sí es una laguna, de las normativas, de las que se llenan por integración, y distinta de la que alegaba el recurrente, que era un desacuerdo con la ley. La Corte la llenó aplicándole al concubino el plazo del marido por analogía, y al escoger la norma análoga pudo haber tomado el 373, que en el capítulo del propio 378 cuenta sesenta días “desde que tuvo conocimiento”. Leído el 326 con el 17 y con el 373, la interpretación conforme ya estaba en el sistema, y sobraban la evolutiva del recurrente y la ponderación de la Corte. Habrá quien vea en esta lectura un formalismo mecánico, pero leer el 326 junto con el 17 y el 373 exige interpretar y el resultado queda atado a textos que cualquiera puede revisar.

Falta decir cuándo supo el concubino que no era el padre, y ahí la respuesta la da el proceso, que juzga con hechos probados. Un plazo contado desde la sospecha haría lo que hace una presunción, dar por cierto algo que no está probado. La Corte enlista como momentos posibles del inicio “sospechas”, “la decisión de investigar la paternidad” y “la práctica de una prueba genética”, y de los tres solo el último es un hecho que consta en un documento con fecha. Un colegiado civil del Primer Circuito ya había sostenido sobre el 330 de la Ciudad de México que el actor debe expresar y acreditar “de manera fehaciente el momento en que tuvo conocimiento de que no era el padre de quien registró como su hijo (a), a efecto de determinar si fue intentada dentro del término de sesenta días que refiere el citado artículo, por ser esto un elemento de su acción”, con circunstancias de tiempo, modo y lugar.[11] En mi materia la regla es la misma. El artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo hace correr la prescripción de la acción del patrón “a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación”, y los colegiados han dicho que cuando el conocimiento es mediato el plazo corre desde que concluye la investigación que esclarece los hechos,[12] y que cuando no hay elemento objetivo, como en la enfermedad profesional, el plazo corre “a partir de que ésta se diagnostica por un peritaje en medicina de trabajo, es decir, cuando se reconoce como tal, debido a que se probó el nexo causal”.[13] Los síntomas son la sospecha, el peritaje es el conocimiento, y nadie ha sostenido ahí que el plazo corra desde que el trabajador empezó a sentirse mal.

Queda la objeción de la indeterminación, que la Corte convirtió en el argumento decisivo. Es un problema de prueba de un hecho, y los problemas de prueba de un hecho se resuelven con reglas de carga, cuya regla general es que cada parte prueba los presupuestos de la norma que le favorece. La caducidad llegó al juicio como excepción opuesta por la madre, y una tesis aislada del propio Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que orienta sin obligar, dice que la carga de probar que transcurrió el término “corresponde a quien opone tal excepción, ya que constituye la afirmación de un hecho y, por ende, opera el principio procesal de que, el que afirma está obligado a probar”.[14] Así lo entendió el juez de primera instancia, que fijó el inicio en la entrega del resultado y dejó a la demandada la prueba de lo contrario. Habrá quien diga que el niño es un tercero cuyo interés no depende de lo que su madre logre probar, pero la Primera Sala sostuvo que en el juicio de desconocimiento el interés superior “no guarda identificación plena con la pretensión del actor”, que el juez no debe ordenar de oficio la pericial genética y que “le corresponde al actor la carga procesal de acreditar su pretensión”,[15] o sea que el juicio es adversarial y las cargas se reparten entre las partes. Y sobre la relación entre el interés superior y las reglas del proceso, la misma Sala dijo que “primero se debe atender a las reglas procesales aplicables y, sólo si la aplicación de dichas reglas, de acuerdo a todas las circunstancias del caso, vulnera el interés superior del menor, éstas pueden ser modificadas”,[16] caso por caso, y la Corte construyó una regla general. La propia sentencia repite esa doctrina, el interés superior “no puede establecerse con carácter general y abstracto”, y seis páginas después reconoce que lo que construye es una regla preventiva que no presume “que en todos los casos se ha formado un vínculo afectivo de la misma intensidad”.

La sentencia reclama literalidad para el plazo y la abandona en otros dos lugares. El artículo 326 habla del marido y la Corte lo aplica al concubino, cuando la misma literalidad que exige para el plazo prohíbe extender un término a sujetos que no están incluidos en él. Y el artículo 321, que la Corte transcribe, limita la prueba contra la presunción a la imposibilidad física de acceso carnal, de modo que leído con la misma literalidad la pericial genética ni siquiera era admisible, y la Corte lo salva diciendo que ahí los avances científicos “pueden resultar pertinentes”.

VI.             Lo que debió resolverse

Discrepo del fallo. El artículo 17 exigía que el plazo empezara a correr cuando el concubino pudiera demandar, y el propio código ofrecía esa lectura sin necesidad de pesar el apego contra la prueba. La Corte debió revocar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito y devolverle los autos para que resolviera la caducidad con el plazo contado a partir del 23 de octubre de 2020, día en que el actor tuvo la prueba, y para que decidiera, como cuestión de legalidad que a él le corresponde, si la demanda del 27 de enero de 2021 interrumpió ese plazo aunque se haya archivado, que es lo que el juez sostuvo y lo que la madre combatió en su amparo. Revocar por la caducidad no decide que la acción prospere, pues abierto el juicio queda el fondo, y ahí sí entran el interés superior, el apego y el arraigo, con pruebas sobre si el tiempo las produjo, y un colegiado civil ya había dicho, en tesis aislada que orienta, que la caducidad en estas acciones es cuestión de fondo cuya verificación “precisa de un análisis exhaustivo y concienzudo sobre las circunstancias específicas del caso” y “sólo podría llevarse a cabo en la sentencia que se llegue a dictar, una vez escuchadas las partes interesadas y recabados los elementos fácticos pertinentes”.[17]

La motivación deja además dos cosas. Una es que la verdad biológica “no resulta plenamente aplicable” al desconocimiento de paternidad. La otra es que la caducidad en esta materia es un mecanismo de protección del niño, con lo que cualquier juez que en adelante tenga que decidir desde cuándo corre un plazo en filiación tendrá autorización para resolverlo con razones de fondo, que es lo que un plazo existe para evitar.

Al concubino le cerraron el camino a la acción a pesar de traer su dictamen en mano, porque decidieron que su prueba no se hizo a tiempo y lo decidieron con razones de apego en un pleito que era de plazos. Si la estabilidad del niño vale más que la prueba del concubino, que se diga así. La Corte le dijo lo que Capullo a Sorullo: si la vaca es tuya, son tuyos los becerros.

[1] Carrión Delgado, Antonio, “Una laguna axiológica salvaje apareció”, Paréntesis Legal, 19 de octubre de 2026, https://parentesislegal.com/una-laguna-axiologica-salvaje-aparecio/.

[2] Tesis aislada 1a. XXVI/2014 (10a.), Primera Sala, registro digital 2005452, “DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. PLAZO PARA PROMOVER LA ACCIÓN RESPECTIVA A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, t. I, p. 651, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005452.

[3] Tesis aislada 1a. XCVI/2018 (10a.), Primera Sala, registro digital 2017755, “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y DERECHO A LA IDENTIDAD. LA AUSENCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO EN LA RELACIÓN PATERNO-FILIAL NO ES SUFICIENTE PARA SUSTENTAR LA IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, agosto de 2018, t. I, p. 1027, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017755.

[4] Tesis aislada 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), Primera Sala, registro digital 2010602, “INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, diciembre de 2015, t. I, p. 256, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010602.

[5] Tesis aislada 1a. XXV/2014 (10a.), Primera Sala, registro digital 2005451, “DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EN EL JUICIO INCOADO POR EL CÓNYUGE VARÓN, EL JUEZ NO DEBE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, t. I, p. 650, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005451.

[6] Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), Primera Sala, registro digital 2006011, “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, t. I, p. 406, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006011.

[7] Jurisprudencia 1a./J. 42/2007, Primera Sala, registro digital 172759, “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXV, abril de 2007, p. 124, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172759.

[8] Jurisprudencia 1a./J. 96/2025 (11a.), Primera Sala, registro digital 2030600, “PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO DE SEGURO. ES PROPORCIONAL LA REGLA DE QUE INICIE SU PLAZO HASTA QUE LA PERSONA TENGA CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DEL SINIESTRO Y, ADEMÁS, DEL DERECHO CONSTITUIDO A SU FAVOR”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, junio de 2025, t. III, vol. 1, p. 615, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030600.

[9] Jurisprudencia PR.C.CS. J/18 C (11a.), Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, registro digital 2027874, “PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. EL ARTÍCULO 737 D DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLECE DOS HIPÓTESIS PARA QUE SE ACTUALICE, QUE ESTÁN DESVINCULADAS UNA DE LA OTRA”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, diciembre de 2023, t. III, p. 3221, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2027874.

[10] Tesis aislada VIII.3o.(X Región) 3 C (10a.), Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, registro digital 2001899, “DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD DE UN MENOR. EL JUZGADOR, EN EJERCICIO DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, DEBE INAPLICAR EL ARTÍCULO 313 DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y PONDERAR TODOS LOS FACTORES QUE CONVERGEN EN EL CASO, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, t. 4, p. 2513, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2001899.

[11] Tesis aislada I.11o.C.184 C, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 171194, “DESCONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD. EL MOMENTO EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE QUE NO SE ES PADRE DE UN HIJO REGISTRADO, ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN Y DEBE ACREDITARSE DE MANERA FEHACIENTE”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXVI, octubre de 2007, p. 3160, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/171194.

[12] Tesis aislada (II Región)2o.1 L (12a.), Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, registro digital 2032272, “PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL BUROCRÁTICA. EL PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA FACULTAD SANCIONADORA DE LA PATRONAL INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ADQUIERE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS IMPUTADOS A LA PERSONA TRABAJADORA, Y NO EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA ATRIBUIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, junio de 2026, t. II, vol. 2, p. 1477, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2032272.

[13] Tesis aislada X.1 L (10a.), Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, registro digital 2002877, “RECONOCIMIENTO DE ENFERMEDAD PROFESIONAL. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN EN SU CONTRA INICIA A PARTIR DE QUE SE DIAGNOSTIQUE COMO TAL POR UN PERITAJE EN MEDICINA DE TRABAJO, INDEPENDIENTEMENTE DE HABERSE TRATADO DURANTE LA RELACIÓN LABORAL Y DE QUE ÉSTA SE ENCUENTRE O NO VIGENTE”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, febrero de 2013, t. 2, p. 1439, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002877.

[14] Tesis aislada XX.51 K, Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registro digital 203824, “PRESCRIPCION. CARGA DE LA PRUEBA DE LA”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. II, noviembre de 1995, p. 575, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/203824.

[15] Tesis aislada 1a. XXV/2014 (10a.), Primera Sala, registro digital 2005451, “DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD. EN EL JUICIO INCOADO POR EL CÓNYUGE VARÓN, EL JUEZ NO DEBE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA MOLECULAR”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, t. I, p. 650, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2005451.

[16] Tesis aislada 1a. CCLXIII/2015 (10a.), Primera Sala, registro digital 2009861, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS QUE INVOLUCREN A MENORES. PARA DIRIMIR TALES CUESTIONES, PRIMERO SE DEBE ATENDER A LAS REGLAS PROCESALES APLICABLES, Y SÓLO SI LA APLICACIÓN DE DICHAS REGLAS VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PUEDEN SER MODIFICADAS”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, septiembre de 2015, t. I, p. 301, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009861.

[17] Tesis aislada I.15o.C.51 C (10a.), Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 2021081, “ACCIÓN DE CONTRADICCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE HIJO. NO PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR LA FALTA APARENTE DE LEGITIMACIÓN, AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO O POR LA CADUCIDAD PARA EJERCERLA, AL SER MOTIVOS DE FONDO QUE DEBEN RESOLVERSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA”, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, noviembre de 2019, t. III, p. 2173, https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2021081.